Prohibir la crueldad

Escrito por Javier de Lucas.

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No hace falta ser Cicerón ni Kant para saber que la libertad necesita de leyes. Y, por tanto, de prohibiciones y sanciones. Cierto es que el principio básico, en un Estado democrático de Derecho, es la presunción general a favor de la libertad. Lo que significa que quien pretende limitarla debe probar las buenas razones que justifican esa decisión en concreto. Pero nadie se extraña ni juzga que sea liberticida la existencia del Código Penal, aun en su sentido mínimo acorde con el espíritu garantista, por el que se limita la "libertad" del maltratador, del contaminador, de quien discrimina indebidamente, de quien tortura o abusa, causando daños que no tienen justificación.


Eso viene a cuento para decir que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) aprobada en el pleno del Parlament de Catalunya por mayoría absoluta el miércoles 28 de julio, por la que, dicho de forma sencilla, se prohíbe la celebración de corridas de toros en Catalunya a partir de 2012, no es un proyecto liberticida. Se trata de una decisión a favor de la libertad, como cualquier ley aprobada democráticamente. Y los que hemos colaborado en esta ILP y asistimos con emoción contenida a la votación lo entendemos así. Es una medida que, a entender de quienes la hemos promovido, contribuirá a una sociedad un poco menos cruel y violenta y, por tanto, más decente, más civilizada, más libre. Algo que precisamente hemos tenido ocasión de discutir en las Jornadas organizadas por el Instituto de derechos humanos de la Universitat de València, en un debate que tuvo amplio eco en los medios de comunicación.

Me gustaría recordar dos aspectos que quizá no se han destacado suficientemente en estas últimas horas, al calor del debate. El primero es que se trata de una ley que nace de un procedimiento difícilmente reprochable en términos de legitimidad democrática, ciudadana. Ante todo, porque es el fruto de la iniciativa de más de 180.000 ciudadanos de Catalunya, movilizados por el trabajo de los miembros de la Plataforma Prou, que concitó la respuesta de unos centenares de voluntarios que realizaron la labor de concienciación, de persuasión para obtener el apoyo popular. No es una imposición de una élite arbitraria apoyada por camarillas políticas ajenas al sentir popular. No obedece a un modelo identitario, particularista. Se trata de una propuesta de miles de ciudadanos de a pie, que tratan de conseguir una lógica y legítima aspiración: que el Derecho recoja lo que consideran valioso, con buenas razones que se someten a debate y ponderación frente a otras. Eso es sencillamente el juego democrático. Y lo han conseguido no mediante un lobby poderoso y oculto, sino después de un íter parlamentario difícilmente reprochable en lo que se refiere sobre todo a los trabajos de la Comisión, al debate abierto, con tiempo, en el que han tenido cabida los argumentos científicos, éticos, jurídicos, económicos y políticos de las posiciones en juego. Creo que todos los ciudadanos pueden estar satisfechos de este ejercicio de seny, que no ha excluido la confrontación, incluso la radicalidad, pero que ha guardado casi siempre el respeto a las reglas de juego y a las argumentaciones del otro.

El segundo, que su propósito forma parte de un proyecto que está muy lejos del fundamentalismo liberticida, del afán prohibicionista, de la moralina. Lo que mueve a la Plataforma Prou y a quienes apoyamos esta iniciativa es en primer lugar consecuencia del mejor conocimiento de la realidad que nos proporciona la ciencia: la biología evolutiva, la etología, la ecología, pero también la psicología, que demuestran la crueldad y el daño inseparables de esta fiesta que puede ser bella e incluso socialmente arraigada en amplios sectores de la población, pero a un precio -la crueldad, el maltrato, la muerte en aras de la diversión y el goce estético- inaceptable. Nos mueve también la conciencia de que el desarrollo sostenible, la viabilidad de un proyecto de supervivencia global exige otro tipo de contrato con el resto de la naturaleza de la que formamos parte los seres humanos y de la que nosotros, precisamente los humanos, somos particularmente responsables. Algo que no se obtendrá mediante la prédica ni la imposición, sino a través de la argumentación, del libre debate.

No niego que esa iniciativa no haya podido ser objeto del juego partidista en el Parlament, sujeto a las coyunturas electorales y muy recientemente trufado por las consecuencias de la Sentencia del Estatut. Pero eso no es lo que importa a la hora de valorar este paso adelante. Como aseguraba el manifiesto de la Plataforma Prou, leído en la conferencia de prensa al acabar la votación, estamos convencidos de la justicia y oportunidad de esta causa y satisfechos del trabajo bien hecho y de este resultado. Y sin embargo, no es más que un paso. Queda mucho por hacer. Hay que saber explicar mejor los argumentos de la causa que aboga por los derechos de los animales no humanos, por el respeto a sus necesidades básicas, por el imperativo de no causar un daño carente de justificación. Esta es una tarea de persuasión, incluso, de educación ciudadana. Un ejercicio de la ciudadanía activa. Un episodio de democracia que no debiera ser tan raro.

Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universitat de València

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Prohibir/crueldad/elpepiespval/20100808elpval_9/Tes