EL COSTE DE LAS PERRERAS CONSECUENCIAS DE UNA ACTITUD IRRESPONSABLE

Escrito por El Periódico.

Catalunya paga muy cara la actitud irresponsable de la gente que abandona a sus animales domésticos. Tanto como más de 50 millones de euros anuales. O, lo que es lo mismo, más de 137.000 euros diarios. Este es el gasto público que un estudio del Departament de Medi Ambient calcula que se invierte solo en el mantenimiento de los cerca de 7.200 perros, gatos y, ahora también, hurones que se alojan en los 111 centros de acogida catalanes. El 1 de enero del 2007 entró en vigor en Catalunya el artículo de la ley de protección de animales que prohíbe sacrificar las mascotas abandonadas o extraviadas y no recuperadas, una norma que, a pesar de reflejar una mayor sensibilidad social, provoca que los costes que representa el cautiverio empiece a ser insostenible para algunos ayuntamientos.


26/8/2008 edicion_impresa

El Periódico

Catalunya gasta más de 50 millones al año por el abandono de animales

  1. La ley que prohíbe el sacrificio de perros y gatos asfixia económicamente a algunos ayuntamientos
  2. Más de 18.000 mascotas sin el chip identificador fueron dejadas en la calle durante el año pasado
el-coste-de-las-perreras Un voluntario de la protectora de Mataró acaricia a dos perros. Foto: GUILLERMO MOLINER

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SARA GONZÁLEZ
BARCELONA

Catalunya paga muy cara la actitud irresponsable de la gente que abandona a sus animales domésticos. Tanto como más de 50 millones de euros anuales. O, lo que es lo mismo, más de 137.000 euros diarios. Este es el gasto público que un estudio del Departament de Medi Ambient calcula que se invierte solo en el mantenimiento de los cerca de 7.200 perros, gatos y, ahora también, hurones que se alojan en los 111 centros de acogida catalanes. El 1 de enero del 2007 entró en vigor en Catalunya el artículo de la ley de protección de animales que prohíbe sacrificar las mascotas abandonadas o extraviadas y no recuperadas, una norma que, a pesar de reflejar una mayor sensibilidad social, provoca que los costes que representa el cautiverio empiece a ser insostenible para algunos ayuntamientos.
El año pasado ingresaron en los centros catalanes 22.801 animales de compañía. De ellos, 11.740 fueron adoptados y solo 4.261 pudieron ser retornados a sus propietarios, lo que evidencia que, aun siendo una obligación, muchos dueños no identifican a sus mascotas con el chip reglamentario. Pese a las dificultades de los entes locales para adaptarse a la ley que veta la eutanasia y los dos años de prórroga para aplicarla, desde que esta entró en vigor, la cifra de sacrificios ha bajado un 48%. Aunque esto podría significar un aumento de la población a mantener, las entradas en las perreras se han reducido aproximadamente en un 19% en dos años, lo que parece indicar una mayor concienciación de los dueños. Este descenso no evita, sin embargo, que la mayoría de centros de acogida estén saturados porque, al no poder sacrificar a los animales, las estancias se prolongan.

GASTO SIN FRENO
Precisamente, el
overbooking de los refugios es lo que está provocando que la situación se vuelva insostenible para la economía de algunos ayuntamientos. La saturación que sufren los centros de acogida de los consejos comarcales y de las protectoras obliga a los consistorios a buscar alternativas para cumplir con el servicio. De esta necesidad se aprovechan, según denuncian las protectoras, empresas con ánimo de lucro que se dedican a almacenar los animales cobrando un tanto por día. Como las mascotas no pueden ser sacrificadas y estos centros privados no fomentan la adopción, los ayuntamientos duplican cada año los animales a mantener y los gastos se disparan.
Catalunya es la única comunidad autónoma que dispone de esta ley proteccionista. Actualmente, 69 municipios catalanes, que representan el 7% del total del territorio, disponen de una prórroga para seguir sacrificando porque en el momento de la entrada en vigor de la normativa no disponían de los mecanismos necesarios para asumirla. A partir del 1 de enero del 2009, el sacrificio estará completamente prohibido salvo excepciones por enfermedades o conductas violentas.
"Han querido aplicar una ley sin haber proporcionado las medidas para evitar el problema. Ahora tenemos que trabajar sobre las consecuencias en una autonomía donde hay más abandonos que adopciones", afirma Isabel Navarra, tesorera de la Societat Protectora d'Animals de Mataró (Maresme), uno de los centros de acogida de referencia en Catalunya. Navarra defiende que ha faltado una política fuerte de implantación del chip a los animales de compañía, un sistema de identificación que ha evidenciado su eficacia, ya que menos del 1% de las mascotas censadas son abandonadas. Una apuesta firme por la esterilización de perros y gatos respetando la edad adecuada para la intervención es otra de las medidas que la proteccionista apunta. También advierte de la desinformación de la ciudadanía. "Antes de aplicar la ley deberían haber hecho campañas de identificación y esterilización masivas", afirma Navarra.
Con el fin de reducir el número de abandonos, el 27 de julio del 2006 el Parlament aprobó una ley, que aún no ha entrado en vigor, que obligará a esterilizar a todos los animales de compañía que sean objeto de comercialización o transacción. Toda la comunidad veterinaria se opone a la medida, una postura manifestada con una enmienda a la ley. Los profesionales dicen que no son contrarios a esterilizar como método de control de la reproducción, sino de la esterilización obligatoria y generalizada en animales jóvenes.

OPERACIÓN DE RIESGO
Maria Pifarré, vocal de la junta de gobierno del Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, advierte de que son muchos los riesgos y los efectos secundarios de la intervención quirúrgica. "No se puede penalizar a los animales por la falta de educación y sensibilidad de nuestra sociedad", dice Pifarré, quien añade que esta medida perjudicará a criadores y aficionados a las exposiciones de canes de raza. Los veterinarios apuestan por la identificación obligatoria, la penalización grave del abandono y un control policial efectivo. "Es la policía la que debe multar a los dueños irresponsables", afirma la veterinaria.
Navarra, cuya protectora entrega todos los animales esterilizados, considera que los altos costes de la intervención en las consultas veterinarias son una barrera para que los dueños decidan erradicar el riesgo de una reproducción no deseada de sus mascotas. "Las diferencias de precios están en las garantías. Yo no estoy dispuesta a asumir riesgos y utilizo las máximas tecnologías, anestesia con gases y los mejores analgésicos y eso tiene un precio", afirma Piferrer, quien alaba "la gran labor" de las protectoras junto a las que los veterinarios, a pesar de las diferencias, "luchan por una causa común".